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Costas del procedimiento económico-administrativo

12/2019

21 de octubre de 2019

María Fernández Moreira

Como consecuencia de lo establecido por el Tribunal Supremo, en su sentencia de 3 de junio de 2019, los recursos que se presenten ante los Tribunales Económico-Administrativos dejarán de pagar costas, en tanto en cuanto el Alto Tribunal ha anulado el artículo reglamentario que las regulaba, al considerar que en lugar de costas realmente se trata del cobro de tasas en un procedimiento que debe ser gratuito.

 

A este respecto, el abogado defensor considera que “el magistrado reconoce que las costas del procedimiento son los gastos que se relacionan inescindiblemente con el desarrollo del procedimiento y que se producen en su seno, normalmente necesarios para cumplir la finalidad que se le reserva a dicho procedimiento. Por ello, estima que en este caso: “dadas las características del procedimiento económico administrativo, estos pagos parecen circunscritos a los gastos en los que incurren los órganos económico-administrativos derivados del procedimiento tramitado”.

 

Por su parte, el Tribunal Supremo estima que el artículo 51.2 del Reglamento de revisión en vía administrativa, desde su reforma en 2017, cuantifica el importe de “forma general y abstracta”, desvinculándolo del procedimiento concreto en el que se producen los gastos a sufragar y prescindiendo de éstos, puesto que desconectarse de las costas del procedimiento “le hace perder su verdadera naturaleza”.

 

Concretamente el precitado artículo reglamentario, hoy anulado, establecía que:

 

“Cuando se imponga el pago de las costas, estas se cuantificarán en un porcentaje del 2 por ciento de la cuantía de la reclamación, con un mínimo de 150 euros para las reclamaciones o recursos resueltos por órgano unipersonal, y de 500 euros para los que se resuelvan por órgano colegiado. En caso de reclamaciones de cuantía indeterminada, las costas se cuantificarán en las cuantías mínimas referidas. Estas cuantías podrán actualizarse por orden ministerial.”

 

La sentencia, concluye que "ya no podemos estar hablando de costas del procedimiento, sino, dependiendo de la perspectiva desde la que nos aproximemos, tal y como hacen las partes al examinar el artículo 51.2, cabe identificarlas como tasa, como medida sancionadora o como prestación patrimonial de carácter público no tributario, y de ser alguna de estas figuras lo que es evidente es que no pueden ser costas del procedimiento.”

 

Por tanto, según el fallo de la sentencia, el Tribunal Supremo se inclina por considerar que los artículos 245 de la Ley General Tributaria (ámbito de aplicación) y 51.2 del Reglamento de revisión, establecen: “una prestación patrimonial de carácter público no tributario”.

 

Por último, y a meros efectos informativos, señalar que el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) tenía al finalizar el ejercicio de 2018, en torno a 10.000 millones de euros suspendidos en expedientes pendientes de resolución, un 1 por ciento del PIB.

 

 

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