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La digitalización en el transporte de mercancías

7/2020

30.09.2020

El pasado 31 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2020/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2020, sobre información electrónica relativa al transporte de mercancías.

 

Tal y como se establece en el mismo, el objetivo del Reglamento es promover la digitalización del transporte de mercancías y la logística para reducir los costes administrativos, mejorar las capacidades de ejecución de las autoridades competentes y aumentar la eficiencia y la sostenibilidad del transporte.

 

El Reglamento busca acabar con la gran cantidad de información que todavía a día de hoy se intercambia en formato papel, tanto entre las empresas como entre estas y las diferentes autoridades competentes.

 

Para ello resulta necesario establecer un marco jurídico uniforme que lo permita; en España el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres permite, por ejemplo, que los documentos de control administrativo exigidos en los transportes por carretera se emitan en soporte, pero se refiere únicamente a un tipo de transporte y se exigen una serie de características técnicas únicamente con carácter nacional. Con este Reglamento se consigue, por una parte, una normativa uniforme para toda la Unión Europea y, por otra, resulta de aplicación a todas las fases, a toda la información y a todos los modos de transporte.

 

El Reglamento establece, por tanto, la obligación de que las autoridades competentes acepten la información que se les facilite por vía electrónica que los operadores económicos estén obligados a facilitar (tanto la prevista en el propio Reglamento como aquella que se les requiera con carácter adicional o que exija el Derecho Nacional, que tenga carácter idéntico).

 

Asimismo, esta obligación también resultará de aplicación en el caso de Convenios Internacionales, si estos han sido adoptados por la Unión o, en su caso, por los Estados miembros, destacando por ejemplo el Convenio de Naciones Unidas relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR), el Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF), la Resolución IATA 672 sobre la carta de porte aéreo electrónica, el Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional (Convenio de Montreal), y el Convenio de Budapest relativo al Contrato de Transporte de Mercancías por Vías de Navegación Interior (CMNI).

 

El Reglamento ha de entenderse sin perjuicio del hecho que los operadores económicos interesados puedan transmitir la información en papel (es decir, se establece la obligación de las autoridades de aceptar el formato electrónico, pero no se establece una obligación general de que los operadores se comuniquen así). Asimismo, se establece expresamente que este Reglamento resultará de aplicación sin perjuicio de lo establecido por el Código Aduanero de la Unión, de modo que todo lo relativo a los trámites aduaneros que acarrea el transporte internacional iría por su vía independiente.

 

Si bien en el propio Reglamento se establece que las especificaciones serán adoptadas por la Comisión a través de actos delegados, sí se indica que habrá de garantizarse la interoperabilidad de los datos, así como facilitar el intercambio de datos entre las diferentes plataformas y permitir a los operadores económicos utilizar cualquier plataforma de su elección.

 

Además de esta obligación de las autoridades, el Reglamento establece todos los requisitos técnicos de las plataformas para el intercambio de información, así como los requisitos cualitativos de los proveedores de tales servicios, certificaciones, etc.

 

Debe tenerse en cuenta que, si bien el Reglamento ha entrado en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, el mismo será, con carácter general, aplicable a partir del 21 de agosto de 2024. Algún precepto resulta de aplicación con carácter inmediato, como son los siguientes:

 

  • La obligación de que, a más tardar el 21 de agosto de 2021, los Estados miembros comuniquen a la Comisión las disposiciones de Derecho nacional y requisitos de información.
  • La adopción de medidas para que las autoridades tengan acceso a la información comunicada por los operadores a través de las plataformas correspondientes.
  • La adopción de actos delegados por parte de la Comisión para establecer el conjunto de datos a aportar.
  • La adopción de actos delegados para establecer las normas de acceso a las plataformas.
  • La adopción de actos delegados sobre los requisitos funcionales de las plataformas.
  • La adopción de actos delegados sobre los requisitos de los proveedores de servicios.

 

Por último, y en línea con lo anterior, el Reglamento todavía tiene pendiente completar el Anexo relativo a la Legislación nacional afectada por el mismo, lo cual se realizará próximamente.

 

 

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