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Revocación de la venta de viviendas de Protección Oficial

16/2019

16 de diciembre de 2019

Martín Fernández Castro

El pasado 29 de noviembre de 2019, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo emitió un Auto en el que declara la inadmisión de los recursos de casación preparados por el Letrado de la Comunidad de Madrid y por la representación procesal de la entidad adjudicataria, en relación con la adjudicación de una promoción inmobiliaria por parte de la Comunidad de Madrid a dicha entidad.

 

El 29 de agosto de 2013, la Dirección de la Gerencia del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) emitió una Resolución que acordaba adjudicar a Azora Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, S.A., el contrato de Enajenación de 32 promociones (viviendas en arrendamiento y arrendamiento con opción a compra, garajes, trasteros y locales) y transmitir la propiedad de una de las viviendas a la mercantil Encasa Cibeles, S.L.

 

A resultas de lo anterior, el inquilino de la vivienda objeto del procedimiento interpuso un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo solicitando la anulación de las resoluciones.

 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo resolvió anulando las resoluciones y dejando sin efecto alguno la transmisión del contrato de arrendamiento del recurrente al propietario resultante de la enajenación.

 

Contra la sentencia se interpuso recurso de apelación por parte del letrado de la Comunidad de Madrid y por la representación procesal de Azora, el cual fue desestimado.

 

En lo concerniente al fondo del asunto, tanto la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid como la Ley de Patrimonio del Estado permiten la enajenación de bienes y derechos patrimoniales públicos siempre que no sean necesarios para el ejercicio de las competencias y funciones propias de la administración correspondiente, lo cual debe justificarse debidamente.

 

En línea con lo anterior, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid determinó que, si bien se realizó un análisis de las posibles alternativas para la consecución de los fines perseguidos por el IVIMA, la decisión de por qué las viviendas no se conservarían dentro del patrimonio del propio IVIMA no se efectuó. El Tribunal continúa su argumentación indicando que debe justificarse por qué las viviendas enajenadas no son necesarias.

 

El Tribunal Supremo analiza el recurso circunscribiendo el objeto de debate a las tres cuestiones siguientes:

 

  1. El alcance de la legitimación del recurrente.
  2. Los términos en que debe justificarse el carácter de no necesario de los bienes de la administración.
  3. El alcance del control judicial sobre el cumplimiento de los requisitos anteriores.

 

En relación con el primer punto, en la medida en que la transmisión de la vivienda a un titular privado afecta al arrendatario (acogido a un régimen público de viviendas de protección oficial) y tiene consecuencias directas y concretas, no cabe duda de la legitimación del recurrente.

 

En cuanto a los términos en que debe ser justificado el carácter no necesario de los bienes patrimoniales de titularidad pública, la normativa exige que se justifique debidamente en el expediente que el bien no es necesario para uso o servicio público que corresponda, existiendo, en consecuencia, la duda sobre la forma o modo de justificación.

 

En el presente caso, en la línea de lo indicado anteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid determinó que, si bien sí existía una motivación razonable sobre la decisión política, no tuvo lugar la debida justificación de que las promociones enajenadas no eran necesarias.

 

El Tribunal Supremo resolvió que no existe interés casacional puesto que lo que realmente se solicitó fue una corrección de la conclusión del Tribunal Superior de Justicia (lo cual no es susceptible de valoración en este punto) de modo que rechazó el motivo del recurso.

 

A la misma conclusión llegó con respecto al tercer punto, en la medida en que lo que realmente se pretendió fue que el TS corrigiera la opinión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y no una revisión sobre aplicación de la doctrina sobre el control negativo de la discrecionalidad técnica por parte de la Administración.

 

En conclusión, el TS inadmitió los recursos presentados, de modo que se mantuvo la revocación de la enajenación.

 

No se pronunció, sin embargo, el TS sobre la cuestión de si la Sentencia afectaba únicamente a la vivienda habitada por el inquilino o a toda la promoción, de modo que está por ver el alcance final del Auto.

 

Lo que si queda claro, es que se abre una vía para la impugnación de las operaciones de venta de vivienda pública en las que no haya quedado meridianamente claro el carácter no necesario de las viviendas en el marco del expediente de enajenación, de conformidad con lo exigido por la normativa de aplicación. 

 

 

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