Derechos de aduana a las transmisiones electrónicas

15/2019

2 de diciembre de 2019

Martín Fernández Castro

En mayo de 1998, en el marco de la Segunda Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los Ministros adoptaron la denominada Declaración sobre el Comercio Electrónico Mundial.

 

En la misma, los Ministros acordaron no imponer derechos de aduanas a las transmisiones electrónicas, que integrarían desde software, correos electrónicos y mensajes de texto a música digital, películas y videojuegos, aplicando una moratoria al respecto (la Moratoria).

 

Desde esa fecha, los participantes han ido prorrogando la Moratoria, de modo que siguen siendo operaciones libres de aranceles aduaneros.

 

Tal y como se explicita en la Propuesta de Decisión del Consejo de la Unión Europea, la base de esta decisión se encuentra en que se trata de un servicio y, por consiguiente, no debería estar sujeto a derechos de aduana. Además, la Moratoria aporta considerables beneficios económicos a las empresas.

 

Sin embargo, el plazo de la Moratoria expira el 31 de diciembre de 2019, de modo que, salvo que el Consejo General de la OMC, que se reunirá este diciembre, acuerde extenderla al menos hasta la próxima Conferencia Ministerial, que se celebrará en Kazajistán en junio de 2020, esta dejará de resultar de aplicación de manera inminente, por lo que los estados participantes podrían establecer aranceles a las transferencias electrónicas internacionales. De hecho, determinados estados como India, Indonesia y Sudáfrica ya han mostrado públicamente su intención de establecer estos aranceles.

 

Los motivos para apoyar el fin de la Moratoria serían, tal y como se ha publicado en documentos de la propia OMC, que con la creciente difusión de la tecnología de fabricación mediante la impresión 3D, las transmisiones electrónicas son cada vez más relevantes, incluso en la fabricación de productos físicos. Esta tendencia probablemente se acentuará en el futuro cercano, por lo que las transmisiones electrónicas tendrán un mayor peso en las economías nacionales.

 

Del mismo modo, el crecimiento del comercio electrónico, que provoca que los productos se digitalicen y suministren mediante transmisiones electrónicas, acarrearía que la permanencia de la Moratoria de aduana ocasionara una mayor pérdida de ingresos arancelarios a los diferentes estados. Por ello, los estados tendrían que ir adaptando los aranceles a la nueva realidad económica.

 

Asimismo, la Moratoria podría conllevar que no se impusieran derechos de aduana sobre los productos que se exportan en forma digitalizada, incluso si el producto distribuido en forma física sí estuviera sujeto a aranceles.

 

De conformidad con las últimas informaciones aportadas por la Cámara de Comercio Internacional, este cambio de paradigma acarrearía una importante disrupción en el mundo digital. Asimismo, una serie de publicaciones establecen que podría tener efectos distorsionadores sobre el crecimiento de la economía digital y provocar una subida generalizada de los costes para los operadores, que probablemente se cargaría sobre el consumidor mediante una elevación del precio.

 

Por último, todavía no existe información alguna sobre la manera en la que se implementarían estos aranceles ni cuáles serían exactamente las transmisiones electrónicas afectadas, por lo que no resulta posible calcular el impacto real de la medida.

 

 

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