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Cláusulas abusivas IRPH

10/2019

23 de septiembre de 2019

Martín Fernández Castro

El pasado 10 de septiembre se presentaron las conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar (las “Conclusiones”) en relación con el asunto C-1225/18 Marc Gómez del Moral Guasch contra Bankia, S.A., derivadas de la petición de decisión prejudicial (la “Petición”) planteada por el Juzgado de Primera Instancia n. 38 de Barcelona.

 

Como introducción al asunto, el mismo tiene origen en la interposición de una demanda por parte del Sr. Gómez del Moral Guasch (el “Cliente”) contra Bankia solicitando que se declárase la nulidad de la cláusula que determinaba el tipo de interés aplicable al préstamo con garantía hipotecaria firmada por las partes, por ser abusiva.

 

La particularidad de la cláusula es que el tipo de referencia era el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre de Cajas de Ahorro (“IRPH”), en lugar del Euribor.

 

Las consultas realizadas en la Petición versaban sobre las siguientes cuestiones:

  1. Sobre si el IRPH debe ser objeto de análisis por el juzgador en el sentido de examinar que sea comprensible por el consumidor o no.

 

  1. Sobre el alcance y contenido del control de transparencia de la cláusula objeto del litigio.

 

En relación con la primera de las cuestiones, el origen de la misma se encuentra en el hecho de que la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (la “Directiva 93/13”) establece que las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de los convenios internacionales, no estarán sometidos a las disposiciones de aquella.

 

En opinión del Abogado General, en la medida en que la normativa de aplicación en el momento de la firma del contrato (2001), no exigía, en relación con los préstamos a tipo de interés variable, la utilización de uno de los seis índices de referencia oficiales, incluido el IRPH, sino que establecía las condiciones que debían cumplir los índices o tipos de referencia y, por tanto, Bankia tenía la facultad de establecer el tipo de interés variable que resultara de aplicación, debe entenderse que procede el análisis de dicha cláusula por parte del juzgador.

 

En relación con la segunda de las cuestiones, la misma tiene varias partes, siendo la primera la relativa a si resulta de aplicación el artículo 4.2 de la Directiva 93/13 que establece que la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible, suponiendo, de este modo, una limitación al control de abusividad.

 

Debe tenerse en cuenta que dicho artículo no ha sido transpuesto a la normativa española por lo que, a pesar por lo manifestado por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 18 de junio de 2012 y 9 de mayo de 2013, el criterio del Abogado General es que dicho precepto no resulta de aplicación en España, de modo que procede el análisis de la abusividad de dicha cláusula, en cualquier caso.

 

Asimismo, se consultaba sobre cuál es la información que Bankia debía facilitar al Cliente en relación con el IRPH. El Abogado General comienza recordando la importancia fundamental de que el consumidor disponga, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración.

 

Para ello, resulta necesario que la cláusula sea transparente, tanto en el ámbito formal (que sea comprensible en un plano formal y gramatical) como material, en el sentido de que el contrato exponga de manera clara el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiera la cláusula, así como, en su caso, la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas.

 

En virtud de lo anterior, determina el Abogado General que corresponde al órgano jurisdiccional determinar si la información facilitada por Bankia era suficiente para permitir a un consumidor medio comprender el método de cálculo del tipo de interés variable, o dicho en otras palabras, para poder prever el coste de su préstamo sin exponerse a un riesgo imprevisible, lo cual no significa que exista una obligación de asesoramiento por parte de la entidad, puesto que la Directiva 93/13 no recoge tal obligación.

 

Por otra parte, indica que, si bien el demandante no estaba en condiciones de comprender el modo concreto de funcionamiento de uno de los elementos del método de cálculo del tipo de interés aplicable variable, sí estaba, sin embargo, en condiciones de entender que, en cada cuota de devolución, debía abonar un precio determinado, más o menos estable, resultado de la suma del IRPH cajas más un diferencial.

 

En cuanto al control de transparencia, determina el Abogado General que la cláusula supera dicho control, pero que debe comprobarse si la información aportada por Bankia antes de la celebración del contrato era suficiente. En ese sentido, entiende que dicha información debería ser suficiente para que el cliente pudiese tomar una decisión prudente y con pleno conocimiento de causa en lo que se refiere al método de cálculo del tipo de interés aplicable.

 

En todo caso, ello no excluiría el control de abusividad de la cláusula.

 

Como conclusión establece lo siguiente:

  1. La Directiva 93/13 resulta de aplicación en lo relativo al análisis de la presente cláusula de tipo de interés.
  2. La Directiva 93/13 es contraria a que un órgano jurisdiccional nacional pueda aplicar el artículo 4.2 de la misma cuando el mismo no ha sido transpuesto.
  3. La información que el profesional debe facilitar al consumidor debe: (i) ser suficiente para que el consumidor pueda tomar una decisión prudente y con pleno conocimiento de causa; y (ii) referirse a la evolución en el pasado del índice de referencia escogido

 

Asimismo, apunta que corresponde al juez nacional comprobar si el contrato expone de manera transparente el método de cálculo del tipo de interés.

 

 

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