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La deducción del IVA soportado

8/2020

30.10.2020

 

Con cierta frecuencia, la Agencia Estatal de Tributaria determina, de manera casi automática, en las facturas presentadas por atenciones a clientes que no resulta permisible la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) soportado.

 

En consecuencia, suele remitir una declaración complementaria y, además, abre un procedimiento sancionador por la irregularidad en la deducción. Para ello, se basa principalmente en dos preceptos:

 

En primer lugar, el artículo 96 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido establece que no podrán ser objeto de deducción, en ninguna proporción, las cuotas soportadas como consecuencia de la adquisición, incluso por autoconsumo, importación, arrendamiento, transformación, reparación, mantenimiento o utilización de ciertos bienes y servicios indicados en el mismo, así como de los bienes y servicios accesorios o complementarios a los mismos (destacaríamos alguno como los alimentos, las bebidas y el tabaco, los espectáculos o los servicios de carácter recreativo, o los servicios de desplazamiento o viajes, hostelería y restauración, salvo que el importe de los mismos tuviera la consideración de gasto fiscalmente deducible a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades).

 

No tendrán esa consideración los bienes destinados exclusivamente a ser objeto de entrega o cesión de uso, directamente o mediante transformación, a título oneroso, que, en un momento posterior a su adquisición, se destinasen a atenciones a clientes, asalariados o terceras personas.

 

Asimismo, dentro de las excepciones se incluyen los bienes destinados exclusivamente a ser objeto de entrega o cesión de uso a título oneroso, directamente o mediante transformación por empresarios o profesionales dedicados con habitualidad a la realización de tales operaciones.

 

Por otra parte, y en relación con la posible imposición de una sanción, el artículo 194 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) establece que constituirá infracción tributaria solicitar indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo mediante la omisión de datos relevantes o la inclusión de datos falsos en autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes, sin que las devoluciones se hayan obtenido.

 

Lo cierto es que, a pesar de lo establecido en los artículos anteriores, y del criterio de la AEAT, sí es posible deducirse el IVA de estas facturas en determinados supuestos, tal y como han establecido tribunales españoles y europeos.

 

Así lo ha establecido la Sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, de 23 de diciembre de 2013, en la que analiza la supuesta deducción indebida de cuotas soportadas en determinadas entregas de bienes y servicios no deducibles, como adquisición de entradas para espectáculos deportivos para atender a terceros, y la adquisición de alimentos y objetos de atenciones a clientes.

Para juzgar el asunto, hace referencia, a su vez, a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de septiembre de 2000, asuntos C-177 y 181/99 Ampafrance SA y Sanofi Synthelabo, apartados 57 a 62, que de forma expresa y explícita resuelve la cuestión planteada, con un pronunciamiento referido exactamente al problema que es objeto de discusión en este caso, siendo la decisión del Tribunal de Justicia vinculante para todos los poderes públicos de todos los Estados miembros de la Unión Europea.

 

La STJUE parte del derecho de todo contribuyente, a deducirse las cuotas por él devengadas del Impuesto sobre el Valor Añadido, por los bienes que le sean o le hayan de ser entregados y por los servicios que le sean o le hayan de ser prestados, por otro sujeto pasivo, en la medida en que los bienes y servicios se utilicen para las necesidades de sus propias operaciones gravadas.

No obstante, en la medida en que la normativa europea habilita a los Estados miembros a establecer medidas de inaplicación del principio, para evitar fraudes o evasiones fiscales, trata de analizar la problemática determinando lo siguiente:

 

"Pues bien, no parece necesaria para luchar contra el fraude y la evasión fiscal una medida consistente en excluir a priori del derecho a la deducción del IVA, que constituye un principio fundamental del sistema del IVA creado por la Sexta Directiva, la totalidad de los gastos de alojamiento, restaurantes, recepciones y espectáculos, pese a que pueden concebirse o existen ya en el ordenamiento jurídico nacional medios apropiados, que no suponen tanto menoscabo de dicho principio como una exclusión del derecho a la deducción en el caso de ciertos gastos.

 

No corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la adecuación de otros medios de lucha contra el fraude y la evasión fiscal que podrían concebirse, como el establecimiento de un límite a la cuantía de las deducciones autorizadas o un control inspirado en el que se efectúa en el Impuesto sobre la Renta o en el Impuesto de Sociedades, pero es necesario sin embargo precisar que, en el estado actual del Derecho comunitario, no constituye un medio proporcionado al objetivo de lucha contra el fraude y la evasión fiscal, y afecta excesivamente a los objetivos y principios de la Sexta Directiva, una normativa nacional que excluye del derecho a la deducción del IVA los gastos de alojamiento, restaurantes, recepciones y espectáculos, sin que el sujeto pasivo tenga la posibilidad de acreditar la inexistencia de fraude o evasión fiscal a fin de acogerse al derecho a la deducción".

 

Sobre la base de este argumento, la Audiencia Nacional determina que hay que dar oportunidad al obligado tributario a justificar en qué medida los gastos en que la sociedad incurrió eran necesarios para el ejercicio de su actividad profesional, pues lo contrario supondría una quiebra del principio de neutralidad del IVA.

 

En la misma línea, existen resoluciones de Tribunales Económico Administrativos que analizan los servicios de desplazamiento o viajes, hostelería o restauración (art. 96.6 LIVA).

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, los gastos son deducibles cuando se hallen correlacionados con los ingresos, resultando afectados de forma directa a la realización de la actividad empresarial.

 

Por ello, habrá de seguir lo establecido por el artículo 105 de la LGT, según el cual quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo (precepto desarrollado por el Tribunal Supremos en la Sentencia de 27 de enero de 1992, determinando que “cada parte ha de probar el supuesto de hecho de la norma, cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor”), de modo que, si el sujeto pasivo alega y demuestra que los gastos corresponden a desplazamientos por ejemplo, en el marco de una reunión de trabajo, sí tendría lugar la afectación directa y, en consecuencia, la deducibilidad.

 

 

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