Pérdida por deterioro de créditos

13/2019

4 de noviembre de 2019

María Fernández Moreira

Antes de centrarnos en el fondo del asunto es importante traer a colación lo preceptuado en el artículo 13.1 de la vigente Ley del Impuesto Sobre Sociedades, en relación con la deducibilidad de las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores, el cual establece:

 

“1. Serán deducibles las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores, cuando en el momento del devengo del Impuesto Sobre Sociedades, concurra alguna de las siguientes circunstancias: a. Que haya trascurrido el plazo de 6 meses desde el vencimiento de la obligación (…)”

 

El Tribunal Económico-Administrativos Central (TEAC), en su resolución de 6 de noviembre de 2018, reconoce el derecho de las deducciones por pérdidas por deterioro de créditos por el transcurso del plazo de seis meses desde el vencimiento de la obligación, con solo manifestar que el crédito se reclamó por teléfono al deudor, o con la aportación de cualquier indicio de reclamación de la deuda.

 

Así, la cuestión objeto de controversia, es si el mero transcurso del plazo de más de seis meses desde el vencimiento de la obligación de pago sin que se haya satisfecho por el deudor es suficiente para que el obligado tributario pueda deducir en el Impuesto sobre Sociedades el correspondiente gasto imputado por la contabilización de la pérdida por deterioro, o si es necesario, además, acreditar el intento por parte del acreedor de la existencia de una reclamación judicial o extrajudicial de su cobro.

 

Como regla general, en el Impuesto sobre Sociedades la deducibilidad de un gasto está condicionada, entre otros requisitos, a que quede convenientemente justificado mediante el original de la factura normal o simplificada o documento equivalente, su inscripción contable; la imputación con arreglo al devengo, y la correlación entre ingresos y gastos.

 

En este sentido, y teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, el TEAC en la citada resolución no hace más que reiterar su doctrina, citando entre otras, su Resolución de 4 de abril de 2017, concluyendo que el no haber acreditado la insolvencia no puede erigirse en motivo para denegar el cómputo de la pérdida, toda vez que sólo es exigible la contabilización y el transcurso del tiempo previsto.

 

Aunque, hasta la fecha no se han dictado muchos pronunciamientos jurisprudenciales sobre la cuestión suscitada ante el TEAC, pese a ello y a modo de ejemplo, podemos citar la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 27 de noviembre de 2014, la cual señala que, en estos supuestos, se exigía acreditar el origen de los créditos, el transcurso del plazo de más de seis meses desde su vencimiento sin que se hubiera satisfecho la deuda, así como las reclamaciones judiciales o extrajudiciales emprendidas.

 

Por el contrario, el TEAC rebaja la citada exigencia de la Audiencia Nacional, esto es, la exigencia de prueba al obligado tributario, al solo requerirle que ejercite como acreedor las acciones dirigidas al cobro de la deuda, al considerar que el objeto de dicha prueba no puede extenderse de manera indiscriminada cada vez que se aplique el artículo 13.1.a) de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. No obstante, lo anterior, el TEAC aclara que la prueba que acredite las acciones de cobro debe ponderarse en función de las circunstancias de cada caso.

 

De esta forma, en el supuesto de hecho el TEAC admite como indicios de la insolvencia, las gestiones telefónicas, cuando el acreedor alega que la exigencia de una demanda judicial para reclamar el pago al deudor podría llevarle a unos costes mayores que la deuda reclamada.

 

Teniendo en cuenta lo establecido por el TEAC en su Resolución, para que pueda deducirse la pérdida por deterioro de los créditos, el obligado tributario debe acreditar, además de los requisitos antes citados, el momento en el que se produce el vencimiento de la obligación de pago. Y a partir de esa fecha, se inicia el cómputo del plazo de seis meses previstos legalmente, siempre y cuando hayan existido unas mínimas actuaciones para el cobro del crédito impagado.

 

En la actualidad, la Inspección de Tributos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, exige al obligado tributario, la justificación documental de las acciones extrajudiciales y judiciales llevadas a cabo para lograr el cobro de las cantidades adeudadas por los clientes respecto a los cuales se contabiliza la pérdida por deterioro.

 

 

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