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Concurso: deudores y acreedores

5/2020

29.05.2020

María Fernández Moreira

Solicitud de concurso de acreedores

 

En los tiempos que corren es posible que una empresa se vea en la obligación de solicitar un concurso de acreedores, y para evitar que los Administradores incurran en responsabilidad deben solicitarlo dentro del plazo correspondiente si se cumplen unos requisitos determinados.

 

Cuando una compañía no tiene liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones de pago de manera regular se encontrará en una situación de insolvencia. De este modo, el Administrador deberá solicitar ante el Juzgado el concurso de acreedores en el plazo de 2 meses desde que se conoce o se debía conocer dicha insolvencia. No es necesario que los socios aprueben la solicitud del concurso, aunque sí recomendable.

 

También es posible solicitar la declaración de preconcurso si el Administrador está en negociaciones con sus acreedores respecto a las deudas, con el fin de alcanzar un acuerdo sobre los pagos de las mismas.

 

Hay ciertas situaciones en las que se presume que el Administrador debe estar al tanto de la insolvencia de la empresa, y, por tanto, se inicia el plazo para solicitar la declaración de concurso, por ejemplo, si se incumple durante 3 meses la obligación de pago de las cuotas a la Seguridad Social, o si no se pagan los salarios a los empleados.

 

Concurso de acreedores por la COVID-19

 

De entre las medidas promulgadas con motivo de la crisis sanitaria, encontramos la posibilidad de que aquellas empresas que se encuentren en situación de insolvencia, puedan posponer la solicitud del concurso de acreedores hasta el 31 de diciembre de 2020.

 

Si bien, durante ese plazo el órgano de administración deberá continuar velando por los intereses de la empresa con la diligencia debida y no actuar con mala fe o negligencia respecto a las decisiones que se adopten, pues en ese caso, incurrirían en responsabilidad.

 

Comunicación de las deudas de los acreedores

 

Cuando el administrador concursal se ponga en contacto con la empresa acreedora informando que uno de sus clientes está en concurso de acreedores, habrá que comunicar la deuda con la documentación que la acredite en el plazo de 1 mes. Si se comunica fuera del periodo de tiempo indicado, el crédito se considerará subordinado, lo que supondrá que sea más difícil su cobro si la empresa concursada se encuentra en una situación crítica.

 

En caso de no haber recibido comunicación alguna por parte de la Administración concursal, y la empresa tenga sospechas de que algún cliente está en situación de concurso, se podrá consultar en el Boletín Oficial del Estado o en el Registro Público Concursal.

 

Los acreedores podrán impugnar el informe que elabore la administración concursal si el crédito comunicado no se contempla o contiene errores, e incluso podrán exigir responsabilidad si la omisión ha sido de mala fe, respondiendo los administradores con su propio patrimonio si el concurso se declara culpable.

 

La mayoría de contratos de prestación de servicios o de compraventa de bienes permiten la extinción de los mismos en caso de que se produzcan determinados impagos por parte del cliente. De este modo, si la empresa es declarada en concurso y no abona el precio convenido, la parte acreedora podrá resolver el contrato. Por el contrario, si pese al concurso, la empresa continúa abonando el precio de los bienes o servicios contratados, no habrá motivo para resolver la relación comercial.  

 

Si pese a los incumplimientos en el pago del precio, el acreedor decidió no resolver el contrato antes de la declaración de concurso de acreedores, una vez presentado éste en el Juzgado, no se podrá resolver el contrato por incumplimiento, debiendo continuar la prestación de servicios o entrega de bienes, de manera que las cantidades devengadas con anterioridad al concurso quedarán incluidas en la masa, y los nuevos pagos que se devenguen con posterioridad deberán satisfacerse durante el concurso.

 

Si en estas fechas un cliente solicita un aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda, con el fin de reducir riesgos es conveniente redactar el acuerdo por escrito e incluso firmar un reconocimiento de deuda ante notario permitiendo así ejecutarlo en caso de incumplimiento para proceder al embargo de los bienes del deudor. Asimismo, para tener más garantías en el cobro de las deudas, se puede pactar que el administrador o socio de la empresa deudora firme también el referido acuerdo como fiador solidario para que abonen éstos las facturas en caso de impago, o que el cliente extienda unos pagarés con vencimiento en las fechas acordadas.

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