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El depósito de Cuentas Anuales

28 de enero de 2021

La llegada del fin de año supone para la mayoría de sociedades mercantiles españolas el cierre del ejercicio contable y, en consecuencia, la activación de las obligaciones de formulación, en su caso auditoría, aprobación y depósito de las cuentas anuales.

 

El artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) establece la obligación de que los administradores de las sociedades formulen, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

 

Asimismo, el artículo 164 de la LSC exige que la junta general ordinaria (que es aquella que ha de aprobar, en su caso, la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado) se reúna necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, lo que significa, por tanto, que deben aprobarse dentro de los 6 primeros meses del año.

 

Una vez aprobadas, y dentro del plazo de un mes desde dicha aprobación, los administradores de las sociedades deberán presentar para su depósito en el Registro Mercantil de su domicilio, certificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de dichas cuentas, debidamente firmadas, y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuentas consolidadas, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de ellas. Los administradores presentarán también el informe de gestión, que incluirá, cuando proceda, el estado de información no financiera, y el informe del auditor, cuando la sociedad esté obligada a auditoría.

 

Es decir, si la sociedad tuviera como ejercicio el año natural, podría formular cuentas hasta el 31 de marzo, podría aprobarlas hasta el 30 de junio y, por último, podría depositarlas hasta el 31 de julio.

 

El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales tiene consecuencias diversas. La primera de ellas sería la posible imposición de una multa por importe de entre 1.200 y 60.000 euros por el ICAC (en caso de que la sociedad tenga un volumen de facturación anual superior a 6.000.000 euros el límite de la multa para cada año de retraso se elevará a 300.000 euros).

 

En caso de que las cuentas (y el acuerdo de aplicación de resultado) se hubieran depositado antes de la iniciación del procedimiento sancionador, la sanción se impondrá en su grado mínimo y reducida en un 50%. Además, la infracción prescribirá a los 3 años.

 

Otra de las consecuencias es que el Registro Mercantil habrá de proceder al cierre de la hora registral de la sociedad, de modo que no se inscribirá documento alguno mientras persista el incumplimiento, salvo los títulos relativos a:

 

  • al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores,

 

  • a la revocación o renuncia de poderes,

 

  • a la disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores y

 

  • a los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa.

 

Por último, resultaba habitual el ejercicio de acciones contra los administradores por no depositar las cuentas anuales. Sin embargo, la Sentencia1453/2020 del Tribunal Supremo, de 28 de mayo de 2020, ha cambiado este asunto.

 

El asunto objeto de litigio se inició mediante una demanda en la que se ejercitaban contra los administradores que no habían depositado las cuentas anuales, acciones de responsabilidad individual (art. 241 LSC), y de responsabilidad por deudas por encontrarse la sociedad incursa en causa de disolución y no haber cumplido el deber de promover la disolución de la sociedad (art. 367 LSC).

 

El Tribunal Supremo recuerda que, en contra de lo que algunos piensan, son dos acciones distintas que responden a presupuestos legales diferentes.

 

Por una parte, el artículo 236 de la LSC establece que los administradores responderán frente a la sociedad, socios y acreedores sociales del daño que causen actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa.

 

Por su parte, el artículo 241 regula la acción individual de responsabilidad que podrán ejercer los directamente perjudicados.

 

Por último, el artículo 367 de la LSC prevé que los administradores respondan de las deudas sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución, si no convocan en el plazo de 2 meses la junta general para que adopte el acuerdo de disolución (si bien sometido a que se cumplan ciertos requisitos).

 

A criterio del Tribunal Supremo, la acción de responsabilidad del artículo 367 exige que os administradores hayan incumplido el deber de promover la disolución, existiendo una de las causas legales para ello. Es decir, no resulta suficiente que no se depositen las cuentas anuales.

 

En relación con el artículo 241, el Tribunal Supremo también exige que haya un nexo causal entre el actuar del administrador y el daño ocasionado.

 

En conclusión, esta Sentencia ha rebajado mucho el régimen de responsabilidad de los administradores.

 

 

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