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Juntas y Consejos a distancia

6/2020

31 de julio de 2020

Martín Fernández Castro

La posibilidad de celebrar sesiones de la Junta General de Accionistas de una Sociedad Anónima de manera telemática se encuentra expresamente prevista en la Ley de Sociedades de Capital, cuyo artículo 182 establece que tal posibilidad se permite si se encuentra prevista en los estatutos sociales de la sociedad.

 

Nada se establece con respecto a las Sociedades Limitadas. Sin embargo, la Dirección General de los Registros y del Notariado ha emitido diversas resoluciones en las que ha determinado válida la asistencia y votación telemática, pues aunque la Ley de Sociedades de Capital (en particular su artículo 182) se refiera únicamente a las sociedades anónimas, ello no debe llevar a entenderla prohibida en la sociedad limitada, que, con base en la autonomía de la voluntad (prevista en el artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital) ha de ser admitida siempre y cuando se asegure que los asistentes remotos tengan noticia en tiempo real de lo que ocurre y en la medida en que los socios puedan intervenir (Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil III de Valencia a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada).

 

En relación con las reuniones del órgano de administración, por lo que considero de aplicación el mismo régimen de autonomía de la voluntad, en este caso reforzada por el artículo 245 de la Ley de Sociedades de Capital, que únicamente establece que en el caso de sociedades limitadas, los estatutos sociales establecerán el régimen de organización y funcionamiento del consejo de administración, que deberá comprender, en todo caso, las reglas de convocatoria y constitución del órgano, así como el modo de deliberar y adoptar acuerdos por mayoría.

 

La situación derivada de la pandemia de COVID-19 ha provocado una modificación temporal de la regulación aplicable a este asunto, puesto que el Real Decreto-legislativo 8/2020 prevé, en su artículo 40, la posibilidad de celebrar las sesiones de los órganos de gobierno (junta) y de administración, así como de las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias de las sociedades mercantiles (así como asociaciones y otras entidades) “por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes”, aun cuando los estatutos no lo hubieran previsto.

 

Inicialmente esta flexibilidad se estableció durante el periodo de alarma, pero se amplió hasta el 31 de diciembre de 2020.

 

El régimen previsto en el Real Decreto-legislativo 8/2020 incluye una importante novedad que es la consistente en que se permite a las sociedades la celebración únicamente a través de estos medios (videoconferencia o conferencia telefónica múltiple) sin necesidad de que también se prevea la asistencia personal.

 

Según la Dirección General de los Registros y del Notariado, el régimen general previsto en la Ley de Sociedades de Capital exige garantizar la asistencia personal a la junta (además de, en su caso, los métodos telemáticos). Sin embargo, el Real Decreto-legislativo 8/2020 establece que las reuniones “podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple” de modo que no es necesario garantizar la asistencia personal, lo cual también va en línea con las recomendaciones sanitarias.

 

Por otra parte, si bien la Ley de Sociedades de Capital regula la asistencia telemática, así como la comunicación a distancia del voto, lo cierto es que el Real Decreto-ley es más restrictivo, al establecer que las sesiones únicamente podrán celebrarse por videoconferencia o conferencia telefónica.

 

Otra novedad incluida en el Real Decreto-legislativo 8/2020 consiste en que también se permite que los órganos de gobierno y administración puedan adoptar los acuerdos mediante votación por escrito y sin sesión siempre que así lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo soliciten, al menos, dos de los miembros del órgano que corresponda (norma que también resultará de aplicación para las comisiones delegadas y demás voluntarias u obligatorias que tuviera constituidas).

 

En el caso de la junta, la conclusión debería ser que, en general, resulta de aplicación el régimen mercantil sobre esta materia, salvo en la exigencia de que tal opción conste en los estatutos sociales de la Sociedad.

 

En este sentido, si bien la Ley de Sociedades de Capital no regula la adopción de acuerdos de la junta por escrito y sin sesión, esto no determinaría su prohibición, sino que, en virtud de la aplicación del principio de autonomía de la voluntad indicado anteriormente, debería estar permitido, puesto que ningún precepto de la ley lo prohíbe y no se opone a las leyes ni contradice los principios configuradores del tipo social.

 

Además, el artículo 100 del Reglamento del Registro Mercantil prevé la adopción de acuerdos “por correspondencia o por cualquier otro medio que garantice su autenticidad” cuando la Ley no lo impida.

 

Por el contrario, en el caso del Consejo de Administración sí hay cambios con respecto al régimen general; en este sentido, el artículo 248.2 de la Ley de Sociedades de Capital establece que “en la sociedad anónima la votación por escrito y sin sesión sólo será admitida cuando ningún consejero se oponga a este procedimiento”. En primer lugar, nuevamente la norma solo hace referencia a la figura de la sociedad anónima. Además, se establece que, si algún consejero rechaza esta forma, no será válida. En aplicación nuevamente de la autonomía de la voluntad considero que también sería posible actuar a través de esta vía en el caso de sociedades limitadas.

 

Por tanto, el Real Decreto-ley 8/2020 es un poco más flexible al exigir (i) que lo acuerde el presidente o (ii) al menos dos consejeros.

 

En definitiva, este nuevo régimen permite la celebración de sesiones de las juntas y de los órganos de administración por medios que permitan mantener la distancia social hasta el 31 de diciembre de 2020, de modo que, aquellas sociedades que deseen mantener en el tiempo este tipo de medidas (en aplicación del régimen mercantil) deberán ir pensando en adaptar sus estatutos sociales.

 

 

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