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Responsabilidad solidaria versus subsidiaria de los Administradores

 

3/2020

30.04.2020

María Fernández Moreira

Antes de centrarnos en el fondo del asunto, es importante traer a colación lo preceptuado en el artículo 43.1.a) de la vigente Ley General Tributaria, el cual contempla la Responsabilidad Subsidiaria de los Administradores de entidades en el caso de infracciones cometidas por éstas, cuando la conducta de los Administradores revele una falta de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

 

Por otro lado, el artículo 42.1 a) del mismo texto legal imputa una Responsabilidad de carácter Solidario a quienes sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria, conductas éstas que, según señala el Tribunal, cabe atribuir tanto a terceros como a los Administradores de entidades.

 

En ambos casos, resulta necesario, en primer lugar, que se haya producido la comisión de una infracción tributaria por parte de la sociedad administrada, así como ostentar la condición de Administrador de la entidad en el momento de cometerse dicha infracción.

 

Una vez esclarecidos ambos hechos, y a los efectos de poder determinar cual de las dos clases de responsabilidades pueden ser imputadas a los Administradores sociales, deberemos identificar los elementos diferenciadores entre ambos tipos de responsabilidades; así, mientras que en los casos de Responsabilidad  Solidaria el Administrador de la entidad ha de participar activamente en la comisión de la infracción tributaria  mediante una conducta dolosa, en los supuestos en los que resulta aplicable la Responsabilidad Subsidiaria no ha de existir una conducta activa en la comisión de la infracción por parte del Administrador de la entidad, sino que su conducta demuestre una falta de diligencia, ya sea por culpa o por negligencia.

 

No obstante, es importante tener en cuenta las dificultades, que en muchos casos conlleva el hecho de poder identificar si en una determinada conducta se aprecia culpa o dolo, ya que no deja de ser una cuestión casuística que, en gran medida, habrá de resolverse mediante indicios.

 

Así, el Tribunal considera que los criterios contemplados en la Ley General Tributaria para establecer la graduación de las sanciones como leves, graves o muy graves, permite considerar que, cuando se den las circunstancias que justifican la imposición de éstas ultimas (sanciones muy graves) por utilización de medios fraudulentos, tales como, anomalías sustanciales en la contabilidad, facturas falsas, o personas o entidades interpuestas, estaremos ante un caso de Responsabilidad Solidaria de los Administradores sociales. Todo ello en la medida en la que la comisión de dichas conductas muestra de forma inequívoca, una clara voluntad por parte de quien las realiza, que conduce a la producción de un resultado antijurídico tendente a evitar o eludir la deuda tributaria de forma fraudulenta, lo que se traduce en una conducta activa en la comisión de una infracción tributaria

 

En la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 24 de septiembre de 2019, las infracciones tributarias cometidas son las tipificadas en el artículo 191 Ley General Tributaria, esto es, Infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación. Además, han sido calificadas como muy graves por haberse utilizado para ello medios fraudulentos, concretamente, el empleo de facturas falsas, y ello unido a que existían claros indicios de presencia de dolo en la actuación del Administrador, hecho que según el Tribunal queda constatado ya que el recurrente es socio único y Administrador de la entidad infractora; concluye el Tribunal señalando que en este caso, se cumplen con los requisitos para declarar la Responsabilidad Solidaria regulada en el precitado artículo 42.1.a) Ley General Tributaria.

 

 

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