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Retribución de los administradores

31.03.2021

 

El pasado 17 de julio de 2020 el Tribunal Económico-Administrativo Central emitió una nueva resolución en la que reitera su posición de denegar la deducibilidad de la remuneración de los administradores que desarrollan funciones de gerencia o dirección, cuando los estatutos sociales de la compañía establezcan que el cargo de administrador es gratuito.

 

La cuestión de la remuneración de los administradores se encuentra regulada tanto en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) -con la redacción dada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo-, como en la Ley del Impuesto Sobre Sociedades (LIS).

 

El artículo 217 LSC parte del principio de que el cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario. Además, la remuneración podrá consistir en uno o diversos conceptos retributivos (asignación fija, dietas, participación en beneficios…).

 

Por su parte, el artículo 249 LSC (que resulta de aplicación al Consejo de Administración) regula el régimen de los administradores con funciones ejecutivas delegadas. En el mismo se establece que, cuando los estatutos sociales de la sociedad no dispusieran lo contrario y sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, el Consejo de Administración podrá designar, de entre sus miembros, a uno o varios consejeros delegados o comisiones ejecutivas, estableciendo el contenido, los límites y las modalidades de delegación.

 

Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado Consejero Delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración.

 

Antes de la Sentencia del Tribunal Supremo 98/2018, de 26 de febrero, la interpretación mayoritaria era que estos artículos 217 y 249 se debían aplicar de forma alternativa, de modo que el 217 se aplicaba a los administradores en su condición de tales (sin funciones ejecutivas) y el 249 a los administradores en quienes se habían delegado tales funciones. Es decir, la remuneración de los administradores con funciones ejecutivas no estaba sometida a reserva estatutaria ni a la los límites establecidos por la junta general.

 

De este modo, se entendía que las sociedades podían retribuir a los Consejeros Delegados o a Consejeros a quienes se hubieran atribuido funciones ejecutivas, con independencia de lo que establecieran sus Estatutos Sociales.

 

Sin embargo, con esta Sentencia, el TS deja claro que la aplicación de los artículos es cumulativa, de modo que el artículo 217, que establece la reserva estatutaria, resulta de aplicación a todos los administradores, tal y como especifica en la expresión siguiente: “Tampoco parece razonable que, siendo la remuneración de los consejeros delegados o ejecutivos la más importante entre los distintos consejeros, no solo escapen a la exigencia de previsión estatutaria y a cualquier intervención de la junta general en la fijación de su cuantía máxima, sino que, además, los criterios establecidos en el artículo 217.4 TRLSC no le sean aplicables”.

 

 Queda, por tanto, la retribución de los consejeros, regulada en tres niveles diferentes:

 

  • En primer lugar, los estatutos sociales de la compañía son los que determinan si el cargo de administrador es gratuito o retribuido, así como el concepto retributivo.

 

  • En segundo lugar, la junta general determinará el importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales.

 

  • Por último, el Consejo de Administración, que será quien nombra el Consejero Delegado o administradores con funciones ejecutivas delegadas y quien deba aprobar el contrato del propio consejero, determinado, en consecuencia, el importe concreto de remuneración, dentro de los límites determinados por la junta general.

 

Por su parte, la LIS dispone en su artículo 15 que no tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles los donativos y liberalidades, si bien no se entenderán comprendidos como donativos o liberalidades “las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad”.

 

Indica el TEAC que según su construcción semántica, el párrafo excluye como liberalidades, lo pagado a los administradores (i) por el desempeño de funciones de alta dirección y (ii) por el desempeño de otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad; con lo que, el que sean “derivadas de un contrato de carácter laboral” sólo se predica -a juicio del Tribunal- para el desempeño de otras funciones y no para el desempeño de funciones de alta dirección.

 

Sin embargo, y aunque pudiera pensarse que la norma atribuye a las remuneraciones por el desempeño de alta dirección el carácter de deducibles en todo caso, el TEAC concluye que este precepto necesariamente ha de integrarse con que la normativa fiscal jamás ha permitido la deducibilidad fiscal de los gastos que vulneran el ordenamiento jurídico en su conjunto (artículo 15.f LIS).

 

Debe tenerse en cuenta que el TS anuló la deducibilidad fiscal autónoma de los Consejeros Delegados y de los Consejeros ejecutivos. Por ello, si los Estatutos Sociales recogen la gratuidad del cargo, esas retribuciones no serán deducibles.

 

Por tanto, la deducibilidad fiscal de las retribuciones de los administradores exige inexcusablemente que las mismas cumplan la normativa mercantil.

 

 

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