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Facturas falsas

05/2019

17 de junio de 2019

Rafael Fernández Crespo

La emisión de facturas falsas puede desencadenar graves consecuencias en el ámbito del Derecho penal y el Derecho Fiscal, tanto para el emisor de las facturas como para el receptor de las mismas.

 

Consecuencias en el ámbito penal:

 

Para los autónomos que se encuentren acogidos al régimen fiscal de estimación objetiva por módulos, el volumen de facturas emitidas no les afecta para la determinación del resultado fiscal, ya que tributan siempre por la misma cantidad calculada conforme a sus módulos, esta circunstancia posibilita, que en algunos casos se puedan realizar actuaciones ilícitas en cuanto a la emisión de facturas falsas o incluso lo que se conoce vulgarmente por “ventas de facturas”.

 

En el ámbito del Derecho Penal, el artículo 392 del Código Penal (CP) estipula que el particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades siguientes, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses:

 

  1. Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.

 

  1. Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.

 

  1. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.

 

La jurisprudencia sostiene que cuando se falte a la verdad en algún o algunos de los extremos de un documento, la conducta no será penalmente sancionable, al encuadrarse en ese caso en el apartado 4º del art. 390 del CP: “Faltando a la verdad en la narración de los hechos”. No obstante, cuando el documento refleja un acto o realidad inexistente, estaríamos entonces ante una conducta penalmente sancionable del apartado 2º, anteriormente indicado.

 

Así pues, se podrá apreciar delito cuando las facturas reflejan operaciones totalmente inexistentes o simuladas.

 

El emisor de las facturas falsas, con independencia de que su conducta pueda ser constitutiva de un delito de falsedad documental, también puede ser participe como cooperador necesario en la comisión del delito de defraudación tributaria a la Hacienda Pública. En el supuesto de no existir ilícito penal se incoará el correspondiente procedimiento sancionador por incumplimiento de las obligaciones de facturación o documentación.

 

El receptor de las facturas falsas, podría incurrir en un delito de defraudación a la Hacienda Pública si se cumplen todos los elementos de dicho delito y la cuantía supera los 120.000 Euros. En el caso de no concurrir indicios de delito, la Administración puede regularizar su situación tributaria exigiendo las cuotas correspondientes a los importes deducidos o devueltos improcedentemente con intereses de demora, además de incoar el correspondiente procedimiento sancionador.

 

Consecuencias en el ámbito Fiscal:

 

Desde el punto de vista del Derecho Fiscal o Tributario, el emisor de las facturas incurre en una infracción tributaria por incumplimiento de las obligaciones de facturación o documentación, según dispone el apartado 1 del artículo 201 de la Ley General Tributaria que establece “Constituye infracción tributaria el incumplimiento de las obligaciones de facturación, entre otras, la expedición, remisión, rectificación y conservación de facturas, justificantes o documentos sustitutivos”.

 

El apartado 3 del mencionado artículo la califica de muy grave cuando el incumplimiento consista en la expedición de facturas o documentos sustitutivos con datos falsos o falseados, consistiendo la sanción en multa pecuniaria proporcional del 75% del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción. 

 

Por su parte, el apartado 5 establece que las sanciones impuestas de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se graduarán incrementando la cuantía resultante en un 100 por 100 si se produce el incumplimiento sustancial de las obligaciones anteriores.

 

Al receptor de la factura, se le impondrá la sanción que corresponda conforme a los artículos 191 a 195 de la LGT que regula las infracciones tributarias por dejar de ingresar la deuda tributaria que debería resultar de una autoliquidación, por obtener indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales, o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios aparentes.

 

La utilización de medios fraudulentos determinará que la infracción sea calificada en todo caso como muy grave, y la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 100 al 150 por 100.

 

 

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